América Latina está decidiendo su futuro político en un ambiente tóxico. Varios años de crecimiento económico mediocre han frustrado las expectativas de unas clases medias que habían ganado terreno durante la última década dorada (2003-2012). La seguridad ciudadana sigue deteriorándose, notablemente en México y en algunas zonas de Brasil. Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina registra el 33% de los homicidios cometidos en el planeta. El escándalo de la empresa Odebrecht, que pagó sobornos a políticos en una decena de países de la región, sumado a otras corruptelas han terminado dañando la credibilidad de la democracia.

En estas circunstancias tan poco esperanzadoras, América Latina se embarcó en noviembre pasado en un maratón electoral. Trece países eligen a sus presidentes de aquí a finales de 2019, incluidos los cuatro más populosos: Colombia (mayo de 2018), México (julio), Brasil (octubre) y Argentina (octubre de 2019). Esta lista excluye a Venezuela, donde en estos momentos no hay ningún indicio de que las elecciones convocadas para el 20 de mayo vayan a merecer ese nombre.

El descontento ciudadano ha llevado a muchos analistas a augurar una vuelta al populismo o, peor, un cuestionamiento del propio sistema democrático, que con tanto esfuerzo se ha ido construyendo en las últimas décadas. Precisamente en 2018 se cumplen 55 años del arranque, en República Dominicana, de la vertiente latinoamericana de la llamada “tercera ola democratizadora”, como el politólogo estadounidense Samuel Huntington definió las transiciones que se produjeron sucesivamente en el sur de Europa, en América Latina y en el este de Europa entre 1974 y 1989.

Hay riesgos. Especialmente en México. Pero no todo es sombrío. Primero, en términos comparativos, la democracia latinoamericana muestra una resiliencia saludable. En un mundo en que los autoritarismos de distinto signo están avanzando, en América Latina solo hay dos casos claros de reversión democrática: Venezuela y Nicaragua, que se suman a Cuba como las únicas dictaduras de la región. Bolivia es una incógnita, pero lo más probable es que, si los bolivianos quieren apartar a Evo Morales del poder después de 13 años, lo logren en las elecciones de octubre de 2019. Otro caso preocupante es Honduras, donde Juan Orlando Hernández consiguió ser reelegido en noviembre con una victoria salpicada por las sospechas de fraude.

Una victoria de AMLO no convertiría México en una segunda Venezuela, pero habría con gran seguridad un retroceso económico y político

Pero más allá de esta atmósfera anti-política, hay otros factores que conviene tener en cuenta. Uno es el reflujo de la llamada marea rosada en América del Sur, el giro del poder hacia el centro-derecha. Esa tendencia se manifestó en Argentina con la victoria de la coalición de Mauricio Macri en las elecciones legislativas de octubre de 2017 (y que probablemente se repetirá en las presidenciales de 2019). También se ha visto en Chile con el triunfo, por un margen contundente en la segunda vuelta, de Sebastián Piñera el pasado diciembre. Según los estrategas de su rival, Alejandro Guillier, el factor decisivo fue el temor de la clase media-baja a que la izquierda pusiera en riesgo su avance socioeconómico con políticas más radicales. Junto a la rabia ciudadana está el miedo, menos visible pero igual de importante.

La fragmentación política es otro factor clave. Los partidos tradicionales sufren un debilitamiento a nivel global, pero en América Latina las divisiones políticas se han visto agudizadas por ciertos debates sociales. Algunos evangélicos se han unido a grupos de católicos conservadores para cuestionar la “ideología de género” —­u­­n concepto inexistente— y el matrimonio gay. En Costa Rica, un predicador evangélico, Fabricio Alvarado, logró pasar a la segunda vuelta en las elecciones del pasado 1 de abril, que finalmente ganó Carlos Alvarado, exmiembro del impopular Gobierno saliente de centro-izquierda.

En México, el clima de desánimo con las instituciones políticas puede aupar al poder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el eterno candidato de la izquierda populista. Fracasó en 2006, aunque por los pelos. Tampoco tuvo éxito en 2012, porque, en ausencia de una segunda vuelta, los electores que no simpatizan con él se lanzaron al voto útil y apoyaron mayoritariamente al candidato con más posibilidades de derrotarlo.

Este año es diferente. Hay un hartazgo patente con el crimen y la corrupción que han reverdecido durante la presidencia del priista Enrique Peña Nieto. AMLO ha cometido, hasta ahora, menos errores en la campaña electoral. Además, el Gobierno le ha ayudado, de forma sospechosa, recurriendo a la Procuraduría General de la República para intentar liquidar a Ricardo Anaya, el joven y moderno candidato de México al Frente, una coalición del PAN (conservador) y el PRD (centro-izquierda). Sin embargo, las acusaciones de lavado de dinero en contra de Anaya no tienen, aparentemente, fundamento. Por cierto, hasta ahora Donald Trump no ha tenido ningún impacto en la campaña. La agenda es puramente doméstica.

Una victoria de AMLO no convertiría México en una segunda Venezuela, pero sí habría un retroceso económico y político. Los instintos políticos del candidato son los mismos del PRI populista y nacionalista de Luis Echeverría en los años setenta. Aquellos que llevaron el país a la bancarrota. Un triunfo de AMLO pondría a prueba los frágiles contrapesos al poder de la incipiente democracia mexicana. El populista ha prometido extirpar la corrupción con la mera voluntad presidencial, en vez de impulsar una fiscalía verdaderamente independiente. También ofrece someterse a un proceso revocatorio cada dos años, que es el primer paso para debilitar el tabú mexicano contra la reelección presidencial. En el tablero geopolítico latinoamericano, un México con López Obrador al mando ofrecería un salvavidas diplomático a Venezuela y Cuba.

En Brasil, la tendencia dominante es la fragmentación, que convierte esta cita electoral en la más incierta desde 1989 (cuando ganó Collor de Melo, un hombre del sistema con apariencia de outsider). La inhabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, dispersará aún más el voto. La decisión del Supremo Tribunal Federal, esta semana, de que se ejecute de forma inmediata la sentencia de encarcelamiento contra Lula por corrupción hace inviable su candidatura. Y, a ojos de muchos brasileños, empaña la legitimidad del proceso electoral.

En la derecha colombiana está Iván Duque, un hombre más moderado y de temperamento menos volcánico que su principal apoyo electoral, el expresidente Álvaro Uribe

El principal beneficiario de la salida de Lula podría ser Ciro Gomes, exministro y exgobernador del Estado de Ceará, de verbo descontrolado, que representa un “desarrollismo light” de centro-izquierda. Y el claro perdedor es Jair Bolsonaro, un exmilitar de extrema derecha con un discurso machista y antisistema, que promete mano dura contra la inseguridad. Que un candidato como Bolsonaro haya logrado ascender hasta el segundo lugar en las encuestas —en un país tradicionalmente moderado— se explica por el daño que han causado en el tejido social tanto la recesión provocada por las políticas económicas de Dilma Rousseff, impuestas desde una ignorancia arrogante, como el descrédito institucional debido a la corrupción. La fragmentación podría ayudar a Bolsonaro a pasar a la segunda vuelta, pero, sin Lula, su rabia tendrá menos eco entre los votantes. Ojo también con Joaquim Barbosa, negro, exmagistrado de la Corte Supremo y populista light.

Si esto fuera una elección normal en Brasil, el ganador sería sin duda Geraldo Alckmin, el sempiterno gobernador de São Paulo, un político sólido pero insulso del PSDB (centro-derecha), el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso. En las elecciones brasileñas son determinantes la maquinaria de los partidos, el dinero (que este año se restringe a los fondos públicos y las donaciones individuales) y el tiempo gratuito de televisión. Tanto la financiación pública de la campaña como el tiempo de televisión se reparten en función del peso de cada partido en el Congreso.

Todo esto favorece a Alckmin. ¿Pero será una elección normal o una posmoderna, en la que las redes sociales y el sentimiento de desprecio por el establishment acaben determinando el resultado? Sabremos más en julio, cuando las coaliciones y los candidatos se formalicen y la campaña despegue en serio.

En cuanto a Colombia, lleva unos años viviendo una situación paradójica. El Gobierno de Juan Manuel Santos, ya de salida después de ocho años, ha sido elogiado mundialmente, principalmente por el acuerdo de paz con los guerrilleros de las FARC, pero también por sus políticas ambientales. Sin embargo, los colombianos están mucho menos enamorados de él. Muchos desconfían del acuerdo de paz, el comportamiento económico ha sido mediocre y algunos casos de corrupción han salpicado a la clase política. No sorprende que la elección parezca decantarse a favor de los principales opositores del santismo. En la derecha está Iván Duque, un hombre más moderado y de temperamento menos volcánico que su principal apoyo electoral, el expresidente Álvaro Uribe. En la izquierda está Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá, que ya reniega de su pasada simpatía por el chavismo. Es probable que gane Duque y que intente modificar, pero no desmantelar, el acuerdo de paz.

Para volver a un crecimiento económico más vigoroso y a un progreso social más rápido, América Latina necesita Gobiernos coherentes, con la capacidad de hacer reformas impopulares (laborales, pensiones, educación) pero necesarias para incrementar la productividad. Gobiernos que tengan la osadía de enfrentarse a la corrupción y la delincuencia y crear sistemas viables de bienestar social. Por otro lado, la sociedad civil latinoamericana está cada vez más organizada y es más exigente. Para la democracia, esta es la mejor noticia.

Michael Reid es editor senior de ‘The Economist’. Su libro ‘El continente olvidado: una historia de la nueva América Latina’ se edita en español este año (Planeta).

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