CIUDAD DEL VATICANO. Pese a ser el “país más pequeño del mundo” y ocupar 44 hectáreas en el corazón de Roma, el Vaticano afronta cada día delitos que sorprenden y van desde el narcomenudeo, el vandalismo, el robo e, incluso, abusos sexuales contra menores.

Todos los números de la Justicia Civil Vaticana entre 2016 y 2017 fueron incluidos en un extenso informe confeccionado para la apertura del año judicial 2018 por Gian Piero Milano, el Promotor de Justicia del Estado Pontificio (una especie de Procurador General en territorio papal).

El reporte incluye informaciones sobre delitos de todo tipo, desde las simples violaciones al reglamento de tránsito hasta estafas y falsificaciones. Todos estos hechos fueron investigados tras la presentación de denuncias presentadas ante los cuerpos de seguridad vaticanos.

Por ejemplo, en el lapso de tiempo indicado se descubrieron dos casos de “posesión y venta de sustancias estupefacientes” y otros tantos de “depredación” sea al interior de la Basílica Vaticana, de los Museos, de la farmacia y del economato. Por estas situaciones cuatro personas fueron arrestadas.

Además, se realizaron pesquisas por 70 denuncias de robo, de las cuales ocho fueron transmitidas a la Autoridad Judicial; 40 denuncias por daño y 27 denuncias por fraude.

La Gendarmería Vaticana realizó nueve mil 170 controles especiales sobre personas (empresas, empleados, peatones) y cuatro mil 45 sobre vehículos.

Fueron detenidas 61 personas, de las cuales 16 fueron turnadas al Inspección de la Policía del Estado Italiano (bajo un convenio internacional) y otras 18 personas apercibidas.

Autoridades judiciales también procesaron trámites, como 296 certificados matrimoniales, 88 de ciudadanía, ocho de residencia y 20 decesos. Realizaron 10 procedimientos, 24 audiencias, emitieron ocho sentencias y 12 ordenanzas.

En el campo de los delitos graves, el Promotor de Justicia reveló que “recientemente” llegaron a su oficina dos denuncias por “casos diferentes” en el “ámbito de los delitos contra los menores”.

Pero ofreció la “firme determinación” de aclarar los detalles y de alcanzar la verdad, aunque los casos se encuentran actualmente como hipótesis de delito. “La oficina conducirá las pesquisas con extrema atención, sin descuidar nada”, estableció. Además, señaló que dos funcionarios del Instituto para las Obras de Religión fueron mandados a juicio acusados de concurso para lavado de activos.

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