El holandés Mark Langedijk tenía 41 años cuando pidió la eutanasia, en julio de 2016. En la plenitud de su vida era alcohólico, padecía depresión y un trastorno de ansiedad. Divorciado y con dos hijos pequeños, había entrado y salido de 21 clínicas de desintoxicación en un intento de superar sus problemas.

Murió en su casa. Estuvo acompañado por sus padres, sus hermanos, un primo y su mejor amigo, un párroco. La vecina preparó una sopa y comieron y bebieron hasta que llegó el momento de la despedida, cuando el doctor le inyectó una sustancia letal. Su caso levantó enorme polvareda, porque Mark no era un enfermo terminal. Tampoco padecía una demencia aguda que le robara la lucidez. Sin embargo, su médico de cabecera consideró que su sufrimiento, y su dependencia del alcohol, eran insuperables.

La Ley de Eutanasia entró en vigor en Holanda en 2002, y penaliza su mala práctica hasta con 12 años de cárcel. Pero “la vida no es una obligación”, dice el hermano de Mark, Marcel Langedijk, en un libro que ha escrito sobre aquell

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